Durante el macrismo la AFI tenía infiltrados en las organizaciones sociales

Para la justicia existió una “orden directa emanada de la superioridad” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para hacer espionaje a las organizaciones que reclamaban la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria y apuntar a los actores políticos de relevancia en la provincia de Buenos Aires, cuando la gobernadora era María Eugenia Vidal.

El juez Alejo Ramos Padilla consignó en una resolución en la que procesó a la ex cúpula de AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani que “las organizaciones sociales con mayor despliegue y capacidad de movilización fueron parte del objetivo señalado por las autoridades de la Agencia para contar con un conocimiento acabado de los actores políticos de relevancia en la provincia de Buenos Aires”.

En ese marco, el reclamo por la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria fue el contexto que permitió a las delegaciones provinciales reunir la información necesaria para conocer cuáles eran esas organizaciones, desde qué lugares partían a las movilizaciones, cuánta gente convocaban y obtener los datos personales de sus militantes y referentes.

El caso paradigmático del relevamiento a las organizaciones sociales que pugnaron por la sanción de esa ley lo constituye el seguimiento a la organización Barrios de Pie y sus referentes como Jorge Ceballos, Humberto Tumini y del subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez.

“La organización Barrios de Pie constituyó un objetivo de inteligencia específico para las delegaciones provinciales de la Agencia Federal de Inteligencia, por lo menos entre la segunda mitad del año 2016 y todo el 2017”, aseguró Ramos Padilla.

Se apoyó para hacer esa valoración en el volumen y la sistematicidad de la documentación encontrada, y la obtención de información de los diferentes niveles de la organización, desde las estructuras de base hasta sus referentes nacionales.

En la causa se constató la infiltración de un agente de la delegación provincial Haedo–Morón en una organización social “que se constituyó en un objetivo de inteligencia de relevancia como consecuencia de una orden directa emanada de la superioridad de la Agencia Federal de Inteligencia”.

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